Proceso
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Jalapa, Ver., 13 de abril (apro).- El alcalde de Soledad Atzompa, Javier Pérez Pascuala, afirmó que, a pesar de los apoyos materiales que han recibido por parte del gobierno del estado, "la vida de doña Ernestina no se negocia".

Dijo que autoridades, pobladores y familiares de la anciana indí­gena Ernestina Ascencio Rosario, quien falleció luego del ultraje cometido el 25 de febrero pasado por supuestos militares, demandan que se aplique la justicia.

"No se trata de negociar la vida de un ser humano", subrayó el alcalde, luego de la reunión encabezada por el gobernador Fidel Herrera Beltrán y el responsable de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indí­genas (CNDI), Luis H. Alvarez, y alcaldes de regiones indí­genas de la entidad.

Pérez Pascuala señaló que si los familiares de la ví­ctima han solicitado apoyo económico a las autoridades, es para que puedan cubrir los gastos que realizan "cuando bajan de la sierra a hacer declaraciones (al Ministerio Público) y, lógicamente, dejan de trabajar".

Explicó que las hijas de Ernestina Ascenio ya no pueden hacer sus quehaceres en el campo porque tienen temor, además de que la muerte de su madre las afectó psicológicamente y, al no tener recursos económicos, no pueden darse una atención adecuada. Las mujeres son las que más sufren".

A pesar de las crí­ticas que ha recibido en este caso la procuradurí­a de Justicia del estado, Pérez Pascuala dijo confiar en las actuaciones que realiza, sobre todo, "porque el propio procurador (Emeterio López Márquez) ha manifestado que hay indicios de que hubo violación".

Por ello, subrayó, "confiamos en que la PGJE dará una conclusión real de lo que pasó y en la aplicación de la ley; que se castigará a los responsables y que se hará justicia con la familia de nuestra compañera Ernestina".

El alcalde cuestionó nuevamente al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, "pues con qué derecho se adelantó a hacer declaraciones que no le competen hacer".

Dijo que está de acuerdo con los diputados federales para que Soberanes comparezca ante el Congreso, ya que, para el pueblo de Soledad Atzompa, el presidente de la CNDH, "perdió credibilidad y ya no podemos confiar más en él".

Señaló que funcionarios federales le comentaron que la petición del presidente Felipe Calderón a la familia de la ví­ctima fue que tengan paciencia, y que se iba a acatar lo que resolviera la procuradurí­a estatal y que ya no iban a hacer ninguna declaración hasta que tuvieran fundamentos".

Por su parte, el titular de la CNDI, Luis H. Alvarez, dijo no tener información sobre "esta lamentable situación". Sin embargo, confí­o en que las autoridades profundizarán en la investigación "para aplicar las sanciones que el caso requiere a quienes cometieron este nefasto crimen".

-- ¿Tení­a que morir Ernestina para que el gobierno federal volteara a ver a los pueblos indí­genas? se le preguntó. --Me parece que su pregunta no tiene sustento, pues esta visita mí­a estaba programada desde hace varias semanas. No hay relación alguna entre el propósito que busca el gobierno federal y los lamentables acontecimientos a los que hace referencia.

Dijo que la posición de la CNDI sobre el caso Ernestina Ascencio "será simplemente insistir en que se haga justicia, que se apliquen las sanciones correspondientes. Eso es lo que puede hacer la oficina a mi cargo".

También aseguró carecer de información en torno a si en esta región, tras la muerte de la anciana, podrí­a originarse un movimiento como el de Chiapas en 1994, "pero de lo que si estoy seguro es que las autoridades, en sus diferentes niveles, están conscientes de la responsabilidad que les atañe para atender los justos reclamos de las comunidades".

Por separado, en un comunicado de prensa, la procuradurí­a del estado negó que se hayan extraviado las pruebas de la autopsia practicada a la indí­gena. "Nunca se perdieron, sino que algunas se agotaron en su desarrollo, y no hay contradicción en los dictámenes periciales que existen dentro de la investigación ministerial".

Afirma que en el dictamen pericial de ginecologí­a y proctologí­a se establecen los resultados del caso de Ascencio Rosario. Añadió que también existen todos los dictámenes que se han reseñado con antelación en la investigación ministerial número 140/2007/AE, radicada en la agencia del Ministerio Público especializada, en Orizaba.