Como es su costumbre, Miguel Ángel Granados Chapa estudia y explica a detalle en su columna Plaza Pública los temas más peliagudos de la polí­tica nacional dí­a a dí­a. Va, pues, la publicada el pasado jueves 17.

El secretario en Bucareli, ilegal
Plaza Pública
Miguel Ángel Granados Chapa
Pareció que un mí­nimo rubor habí­a condicionado el cargo recibido por Juan Camilo Mouriño de su amigo Felipe Calderón el 4 de diciembre de 2006: se le hizo jefe de la Oficina de la Presidencia y se le dotó de mayor poder que a los secretarios de Estado porque no podí­a ser uno de ellos, ya que no es mexicano por nacimiento. Y sin embargo, al asumir ayer la Secretarí­a de Gobernación, pasando por alto ese impedimento, Calderón y Mouriño infringen la ley, por más que el funcionario nacido en Madrid haya buscado tender una cortina de humo sobre su origen.
Mouriño nació en Madrid el 1 de agosto de 1971, hijo de Carlos Mouriño y Marí­a de los Ángeles Terrazo Blanco, ambos naturales de Galicia. Ella nació en Avión, el mismo pueblo de donde son originarios los Vázquez Raña. Sin embargo, fue presentada por su ahora muy conocido hijo menor como mexicana, al optar por la nacionalidad del paí­s al que llegó a los siete años de edad. El 2 de octubre de 1989 Mouriño obtuvo certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento, por ser hijo de madre mexican Para efecto de su registro como candidato a diputado federal, Mouriño hizo certificar notarialmente ese documento el 7 de abril de 1997.
Ni ante la Secretarí­a de Relaciones Exteriores ni ante la autoridad electoral mostró el certificado de naturalización de su señora madre, si lo hay, indispensable para saber si fue expedido cuando la familia residí­a en España o si fue obtenido tras llegar a México en 1978.
La opción que hizo Mouriño en 1989, dos meses después de cumplir 18 años de edad no fue óbice para que se ostentara como súbdito español. El diario campechano El Surá mostró que en agosto de 1996 Mouriño ingresó a territorio mexicano mediante el pasaporte 8800581, expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de España, a través de su consulado en Miami, y obtenido en la época en que el ahora secretario de Gobernación estudiaba en la Universidad de Tampa.
Se dirí­a que la actual redacción del artí­culo 30 de la Constitución valida el estatus jurí­dico de Mouriño para ingresar en el gabinete formal. La fracción III de ese precepto extiende la condición de mexicanos por nacimiento (requisito para ser secretario de Estado, según el artí­culo 90 de la propia carta constitucional) a los hijos de padres mexicanos por naturalización, o de padre o madre en esa circunstancia. Pero el texto data apenas del 20 de marzo de 1997 y, por tanto, no es aplicable a quienes nacieron en fecha anterior. Al decidir obtener la nacionalidad mexicana en 1989, Mouriño partió del supuesto de que no la tení­a.
A mayor abundamiento, el artí­culo 32 reformado también hace 11 años establece que el ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad La portación de un pasaporte español mostró que en su momento, si no es que actualmente aún, Mouriño habí­a adquirido otra nacionalidad, lo que también lo inhabilita para el cargo.
Es probable, en consecuencia, que la actuación del nuevo huésped principal del ministerio de Bucareli esté afectada por la ilegalidad, por una suerte de incompetencia de origen.
El refrendo que el nuevo titular de Gobernación otorgue a los decretos presidenciales –y cada uno de los actos que realice a partir de ayer miércoles– puede ser impugnado porque no satisface uno de los requisitos constitucionales para ser secretario de Estado.
Al designarlo no obstante esa fragilidad jurí­dica y convertirse con él en infractor de la Constitución, Calderón ha mostrado que las proclamas cotidianas por el estado de Derecho son mera palabrerí­a. Mostró también que por encima de la ley está su interés en que la polí­tica interior –de forma deficiente gestionada por el secretario depuesto– quede a cargo de su mano derecha, la persona de mayor confianza entre quienes lo rodean.
Al retirarse contra su voluntad de Bucareli, el ex gobernador de Jalisco, Francisco Ramí­rez Acuña, no se ahorró recordar a quien lo nombró y ahora lo despide la antigí¼edad de su apoyo a su aspiración presidencial. En efecto, en mayo de 2004 el ahora polí­tico en desgracia presentó al entonces secretario de Energí­a –que lo fue sólo por 48 horas más después de aquel lance– como su candidato a la Presidencia de la República, en un rumboso mitin efectuado en el rancho de Abraham González, que seguramente a esta hora habrá dejado de ser subsecretario de Gobernación.
En aquel momento, Mouriño era subsecretario de Electricidad en el ministerio que Calderón encabezó por sólo unos meses. Se aducí­a entonces como razón para que ejerciera ese cargo su experiencia legislativa. En efecto, como diputado en la LVIII legislatura, habí­a encabezado la Comisión de Energéticos, pero no hay en esos años registro de alguna iniciativa o dictamen que mostrara las capacidades del legislador en esa materia. Más bien se le habí­a asignado ese cargo por la presencia de su familia en el mercado de combustibles en la Pení­nsula de Yucatán, donde el Grupo Energético del Sureste, fundado por Carlos Mouriño Atanés, pionero de la reconquista española de la economí­a mexicana, era ya una presencia dominante.
El tránsito de Mouriño a un cargo en el gabinete tiene un ángulo positivo. Como secretario de Gobernación ejercerá atribuciones sobre las que rendirá cuentas, a diferencia del privilegio que lo acompañaba como virtual vicepresidente de la República.– México, D.F.