Escuché hoy en el noticiario matutino Enfoque, en voz de Leonardo Curzio, un comentario respecto a la situación de la tortura en México, originado a raí­z de la nota generada por los comentarios presentados al respecto en el Comité de Tortura de la ONU en Ginebra por representantes de la CNDH (la liga en varios medios: La Jornada, Milenio, El Universal). Si bien la tortura es uno de los ilí­citos que en menos ocasiones es denunciado (obviamente, por el temor de la ví­ctima a represalias, muchas veces por parte de las mismas autoridades que serí­an encargadas de atender su queja), en menos del 2% de los casos se llega a sancionar a los responsables.

Leonardo Curzio afirma que la tortura es una problemática que se presenta en la parte más baja de las instituciones judiciales y policiales, y que de ninguna manera representa una polí­tica de Estado. El aparato de gobierno ya no ordena torturar a los opositores, dice, pero los mandos bajos de la policí­a están acostumbrados a recurrir a estas técnicas para «extraer » la información que buscan o «disuadir » a un presunto delincuente de reincidir.

No puedo, sin embargo, estar de acuerdo con los señalamientos de este periodista. Por un lado, sobran evidencias de que la tortura sigue siendo ordenada desde niveles muy altos de responsabilidad. ¿Cómo, si no, podemos explicar los acontecimientos de Atenco en mayo? ¿Acaso espontáneamente decenas de policí­as en lugares diferentes y sin comunicación directa decidieron violar mujeres y golpear brutalmente transeúntes? Pero bueno, dejemos de lado esta «pequeña » precisión, para concentrarnos en esta afirmación de Leonardo Curzio. Supongamos que en una década, ningún alto funcionario de ninguno de los niveles de gobierno ha encargado a los cuerpos policiacos - Pero la tortura se sigue presentando, por los vicios que los policí­as aprendieron a lo largo de toda la vida. ¿Qué falla, por qué no cambia la situación? Muy claro: Porque no hay una polí­tica clara, fuerte e inequí­voca de combate a la tortura.

Si los ciudadanos que denuncian tortura fueran tratados con respeto y con la discreción que el caso amerita, si las averiguaciones previas al respecto fueran tomadas en cuenta y perseguidas hasta el final, si los elementos que incurrieran en tortura fueran inmediatamente cesados, procesados y castigados conforme a la ley, ¿cómo podrí­a mantenerse este triste registro de ilegalidad? ¿Cuánto tiempo tomarí­a el cambiar esta terrible imágen que tenemos de los cuerpos policiacos? ¿Quién podrí­a negar un verdadero avance?

Esta fórmula vale tanto para la tortura, como para la corrupción, como para todos los males que aquejan estructuralmente a nuestro gobierno, y especialmente a nuestras instituciones encargadas del órden público. Claro, no podemos esperar resultados por acto de magia - Hace falta mucho compromiso, a todo nivel, para generar un cambio. Pero si nos permitimos consolarnos aseverando que la tortura no es polí­tica de estado, pero es parte de la cultura del policí­a de a pie, no llegaremos muy lejos.