Hoy encuentro una nota en La Jornada y el reportaje especial en El Financiero que hacen ver que se tambalea el ambicioso y tan anunciado operativo antinarco, por lo menos, en el Estado de Guerrero.

• ''Pobres'', los resultados del operativo anticrimen en Acapulco: Torreblanca
• La delincuencia desinfló en 20 dí­as el operativo antinarco
• Se colapsa plan antinarco
• Integran los operativos al margen de la ley

El último de estos artí­culos, publicado en El Financiero apunta incluso a varias razones por las que este operativo, así­ como los otros que se están llevando a cabo en otros estados no sólo están condenados al fracaso y son meramente relumbrones para intentar dar la imágen de un presidente de facto de mano fuerte, sino que son incluso ilegales.

Integran los operativos al margen de la ley
José Reveles
Viernes, 9 de febrero de 2007

• Carecen de razones técnicas, administrativas y jurí­dicas: Yáñez.
• Traslapa funciones la fusión de militares con PFP y AFI.
• El gobierno crea bases para nuevos problemas.

Doctor en ciencias sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana y en ciencia penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, José Arturo Yáñez Romero pone en duda la legalidad de los operativos de la polí­tica de mano dura contra la criminalidad y el narcotráfico con la que Felipe Calderón inaugura su mandato.

Cuando se diagnostica mal un problema, "se llega a soluciones aparentes", sentencia.

Lo mismo con los operativos que con la fusión precipitada de las policí­as federales, este gobierno aplica la hipótesis de que "como todo se hace de buena fe, entonces la solución tendrá buenos resultados".

El autor de El modelo institucional de la Policí­a Federal Investigadora de México muestra preocupación por la ilegalidad de las acciones que en materia policial y de seguridad pública adopta el incipiente gobierno:

"La fusión de facto de las Policí­a Federal Preventiva (PFP) y Agencia Federal de Investigación (AFI), la incorporación de diez mil elementos de tropa del Ejército y la Marina y el traslado de facultades de una dependencia a otra (entre PGR y Secretarí­a de Seguridad Pública), son atribuciones al margen de la ley que se están sacando de la manga.

De paso, se ignora al Poder Legislativo y éste no ha protestado oficialmente. La reconversión de las fuerzas policiales parece haberles pasado de noche. Y es que -analiza Yáñez Romero- el intento de unificar a las policí­as federales (AFI y PFP, en acciones que ya están coordinadas con soldados y marinos) "carece de razones técnicas, operativas, jurí­dicas, administrativas y funcionales".

Esta propuesta parece obedecer más al discurso polí­tico que a un movimiento "serio, estratégico y legitimado con amplias posibilidades de éxito", insiste.

El peligro parece peor aún, porque unir a fuerzas tan disí­miles puede provocar su mutua anulación o efectos perversos incalculables.

"No puede haber una fusión para coordinar policí­as con actividades oficialmente distintas, con existencia e historia diferentes, con especialidades funcional, jurí­dica, operativa y profesional propias y hasta contrapuestas."

Futuros conflictos

Aun actuando de buena fe, como parece ser el caso, la administración que inicia "está creando las bases de nuevos problemas institucionales" que crearán conflictos en el futuro, entre los que Yánez enumera:

-Divergencias con el Congreso de la Unión. Es facultad exclusiva de los legisladores federales crear o modificar atribuciones y adscripciones orgánicas de las policí­as federales. Hay que recordar que la PFP se considera la primera policí­a creada desde el Congreso de la Unión, en 1999, según el desaparecido Adolfo Aguilar Zinser.

-En ningún lugar está demostrado que la unión de las policí­as sea una respuesta adecuada y efectiva contra la violencia criminal y la escalada delictiva. La responsabilidad cae más bien en las polí­ticas y facultades jurí­dico-penales del Ministerio Público. "Es decir, con polí­ticas de justicia penal y no con decisiones de orden y seguridad exclusivamente."

-Cuando Vicente Fox envió su proyecto de reforma penal y seguridad pública en 2004, además de crear una policí­a nacional unificada, proponí­a la independencia del Ministerio Público federal respecto del propio Poder Ejecutivo, lo cual está muy lejos de lograrse y ni siquiera ha sido planteado en esta administración, lo que se convertirá en eje de otra polémica.

El único resultado favorable que aparece a la vista en la fusión de facto de las policí­as y la incorporación de más soldados y marinos a la PFP es el económico, pues no se crean más plazas, sino que los militares pasan con su mismo salario a funciones de policí­as, y además el gobierno se ahorra el entrenamiento, "pues se adquieren miles de granaderos en vez de que se contrate a policí­as con carrera profesional".

Plan Colombia: polémico resultado

A siete años de su entrada en vigor, el Plan Colombia -para el que la Casa Blanca solicitará 3 mil 900 millones de dólares al Congreso, en un periodo similar-, arroja resultados polémicos, pues la oferta de cocaí­na y otras drogas sigue inalterable en las calles de la Unión Americana, aunque la guerrilla izquierdista en el paí­s suramericano está a la defensiva.

Concebido por el presidente Andrés Pastrana en 1998 como un "plan Marshall", el proyecto fue bien recibido en la administración Clinton para matar dos pájaros de un tiro, ante las recurrentes "epidemias" de cocaí­na y crack en Estados Unidos, así­ como el creciente poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que llegaron a dominar casi la mitad de su territorio.

Con ese enfoque, se reservó 68 por ciento de sus mil 300 millones de dólares iniciales al entrenamiento militar, la entrega de equipos y el enví­o de 500 asesores; el resto se canalizó a la sustitución de cultivos, la defoliación aérea a cargo de la firma privada DynCorp -muy criticada por dañar sembradí­os legales y la salud de los campesinos- y el desarrollo rural.(GM)

Sobreviven los plantí­os

En su reporte 2006, la Oficina Contra las Drogas y el Crimen de la ONU determinó que los sembradí­os de hoja de coca en Colombia, Perú y Bolivia aumentaron 8 por ciento, lo que implicó que en el primer paí­s, la superficie cultivada creció 6 mil hectáreas, para alcanzar 86 mil después de cuatro años consecutivos de disminución.

Para Amnistí­a Internacional y Human Rights Watch, los resultados han sido peores en el campo de los derechos humanos, pues se ignoraron las causas históricas, económicas y sociales del narcotráfico y la insurgencia, al tiempo que se dio luz verde a soldados y policí­as adiestrados por Washington -a menudo aliados a paramilitares, como han demostrado investigaciones de la fiscalí­a- para perpetrar abusos contra grupos pací­ficos de izquierda ajenos a las FARC.